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La Opinión- Por Hernán González Sala

  • Redacción
  • 3 feb
  • 5 Min. de lectura

REFORMA ELECTORAL. ¿Dónde se debe ajustar el sistema electoral mexicano?


En la actualidad, los Órganos Administrativos Electorales se encuentran con una sobrecarga normativa y una amplia área de responsabilidad para la organización de elecciones tanto a nivel federal como local. Pasaron de realizar elecciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo a desarrollar también elecciones del Poder Judicial, lo cual no es cosa menor. Es más, me atrevería a decir que estas resultaron más complejas operativamente, ya que sometieron a los órganos administrativos, como el INE y los OPLE, a una gran presión derivada de una carrera contra el tiempo para poder implementar un Proceso Electoral Extraordinario en un tiempo récord. A ello se sumaron otros factores, como la falta de presupuesto, la normativa secundaria y los criterios orientadores para el desarrollo de las distintas etapas del Proceso Electoral Extraordinario, por mencionar algunos que volvieron más desafiante la organización de la elección de las personas que integrarían el nuevo Poder Judicial.


Aún con todos los múltiples elementos que volvieron muy compleja la Elección Extraordinaria del Poder Judicial, tanto el INE como los OPLE entregaron buenas cuentas de sus respectivas elecciones, logrando desarrollarlas y entregar los resultados que dieron paso a la conformación del nuevo Poder Judicial.


De lo anterior podemos concluir que contamos con un sistema electoral sólido, capaz de ser sometido a retos complejos como lo fue la Elección Judicial. Esto no exime que el actual sistema electoral pueda ser sometido a un análisis objetivo para ser mejorado, ya que existen áreas de oportunidad que pueden aprovecharse para hacerlo más eficiente, austero en el gasto presupuestal y moderno, aprovechando las nuevas tecnologías que podrían utilizarse para maximizar los derechos de la ciudadanía en general.


Es innegable que el avance de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) nos abre un abanico de oportunidades para ir sistematizando muchos procesos que se desarrollan en las distintas etapas de los Procesos Electorales. Sin embargo, la evolución de las elecciones en México ha estado condicionada por una cultura de desconfianza ciudadana, lo que ha provocado una sobrerregulación en la que se han establecido distintos candados para evitar que se transgredan las reglas del juego democrático.


El primer elemento impactado por esta cultura de la desconfianza, a través de los partidos políticos, es la documentación electoral utilizada en los Procesos Electorales. Es importante señalar que actualmente la modalidad utilizada para emitir el voto sigue siendo la boleta electoral, y aunque en algunas entidades se ha avanzado lentamente con casillas electrónicas, el acto de votar continúa siendo predominantemente presencial. Un caso distinto es el de la ciudadanía que radica fuera del país, que puede votar por medio de correo electrónico o de manera presencial en los lugares aprobados por el Consejo General del INE, que regularmente son las embajadas.


Es evidente que existe una tarea pendiente en migrar a otras modalidades para votar, lo que podría aliviar la presión sobre nuestro sistema electoral. Entre los múltiples beneficios de implementar el voto por correo electrónico se encuentra un uso más eficiente del presupuesto y un ahorro significativo respecto al papel utilizado en los Procesos Electorales. Además, la modalidad del voto en papel ha generado una tendencia a maximizar la garantía de la validez del sufragio, lo que se refleja en la inmensa cantidad de criterios jurisdiccionales derivados de las diversas formas en que la ciudadanía marca la boleta. Esto ha llevado a los tribunales electorales federales y locales a establecer, mediante resoluciones, qué votos son válidos y cuáles son nulos. Dichas interpretaciones han tenido consecuencias relevantes, entre ellas la nulidad de elecciones o cambios en los resultados.


De lo anterior podemos ver las ventajas que tendría la implementación del voto por correo electrónico, donde cambiaría la forma de votar y, por ende, sería más fácil y rápido el cómputo de los votos.


Ahora bien, respecto al tema de las prerrogativas de los partidos políticos —entendidas como el presupuesto público que se les asigna—, se trata de un asunto que debe analizarse desde un enfoque objetivo, evaluando los beneficios y perjuicios que implicaría modificar las reglas actuales. Lo cierto es que el presupuesto que reciben los partidos políticos, tanto a nivel nacional como local, genera un incremento en el presupuesto del INE y de los OPLE. Estos recursos se reflejan en los presupuestos de los órganos administrativos electorales, aunque no sean utilizados directamente por ellos, limitándose a fungir como intermediarios que entregan mensualmente los recursos a los partidos nacionales, en el caso del INE, y a los partidos nacionales y locales, en el caso de los OPLE.


La instalación de las Mesas Directivas de Casilla es otro tema digno de análisis. Actualmente, participar en un Proceso Electoral, ya sea ordinario o extraordinario, exige a la ciudadanía dedicar un día completo a esta actividad trascendental para el Estado mexicano. Las personas funcionarias de casilla deben presentarse desde muy temprano para iniciar la votación a las 8:00 horas y cerrar a las 18:00 horas, o hasta que vote la última persona formada a esa hora. Posteriormente, se lleva a cabo el Escrutinio y Cómputo de las elecciones, cuyo tiempo depende del número de elecciones y de la participación ciudadana. A ello se suma la distancia entre algunas casillas y los órganos electorales encargados de recibir los paquetes electorales, los cuales contienen los resultados y las boletas. En algunos casos, el Escrutinio y Cómputo puede tomar entre tres y cuatro horas, para posteriormente trasladar el paquete electoral a los órganos electorales correspondientes.


En cuanto a la integración de las Mesas Directivas de Casilla, esta se realiza mediante un procedimiento de insaculación, es decir, a través de un sorteo. En un Proceso Electoral Concurrente participan seis personas propietarias —una presidencia, dos secretarías y tres escrutadores—, además de tres suplentes generales, sumando un total de nueve personas por casilla. Considerando que en 2024 se instalaron más de 170 mil casillas, basta multiplicar esta cifra para dimensionar la gran cantidad de personas involucradas únicamente en la operación de las casillas, a quienes el INE otorga un apoyo económico para alimentos el día de la Jornada.


Todo lo anterior evidencia la magnitud que implica la organización de una elección concurrente, la cual necesariamente demanda amplios recursos presupuestales debido a la compleja logística y operatividad que conlleva una Jornada Electoral planeada con meses de anticipación y que requiere la contratación de personal eventual.

Para reducir el gasto de las elecciones, es necesario realizar un análisis profundo que permita adecuar y armonizar los Procesos Electorales federal y local, sin que trastocen los principios que rigen la materia electoral. Debemos ser progresivos en la próxima Reforma

Electoral y aprovechar esta oportunidad histórica para dotar a los órganos administrativos electorales de los elementos necesarios para organizar elecciones sin erogar presupuestos elevados. Migrar al voto por correo electrónico podría ser clave en este cambio de paradigma, que destrabaría muchas situaciones, pero a su vez podría generar nuevos desafíos que deberán ser atendidos y resueltos conforme se presenten.


El INE y los OPLE se han convertido en un binomio complejo, pero efectivo y necesario. Pensar en que solo el INE lleve a cabo todas las elecciones del país podría representar un retroceso, ya que se perdería la experiencia adquirida por los OPLE a lo largo de más de 30 años organizando elecciones. Resultaría preferible analizar cómo fortalecer y mejorar ambos órganos electorales atendiendo los puntos medulares de esta próxima Reforma Electoral.

Por el bien de nuestra democracia, esperemos que todos estos elementos importantes sean valorados para fortalecer el sistema electoral mexicano.


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