LA VIDA DE LAS PERSONAS FUNCIONARIAS ELECTORALES

Hasta el día de hoy, la mayoría de la ciudadanía en México cree que las instituciones electorales solo se dedican a organizar elecciones. En el caso de los organismos públicos locales electorales (OPLE), la situación es aún más compleja, ya que suelen ser confundidos con el Instituto Nacional Electoral (INE). Es decir, existe un desconocimiento generalizado sobre la función que realizan las autoridades electorales, tanto en el ámbito federal como en el local, así como sobre la diferencia entre autoridades administrativas y jurisdiccionales.

Por tal motivo, este artículo tiene como objetivo dar a conocer lo que hay detrás del trabajo de las personas que laboran en las instituciones electorales. Es necesario que la ciudadanía conozca realmente la función que desempeñamos dentro del Estado democrático, para dimensionar la importancia de estos órganos y su aportación al sistema electoral y al país.

La vida de una persona funcionaria electoral implica un constante estudio, capacitación y actualización en materia electoral. Una vez que concluye un proceso electoral, comienza la planeación del siguiente, además de atender diversas actividades que, en última instancia, están vinculadas con el próximo proceso. Paralelamente, se tiene la obligación de fomentar la educación cívica, que es una herramienta fundamental para fortalecer la democracia.

Como se mencionó anteriormente, las autoridades electorales no solo se dedican a organizar elecciones. Si bien esta es su función principal, también tienen diversas atribuciones. En el caso del INE, el artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece funciones como contribuir al desarrollo de la vida democrática, fortalecer el régimen de partidos políticos, integrar el Registro Federal de Electores, promover el voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática, entre otras.

Asimismo, el INE tiene a su cargo la fiscalización, una función que no se limita a los procesos electorales, sino que también abarca las actividades ordinarias de los partidos políticos mediante informes mensuales, trimestrales y anuales. Además, a través de los órganos de vigilancia del padrón electoral, se supervisa constantemente el funcionamiento del Registro Federal de Electores, tanto dentro como fuera de los procesos electorales.

Cuando inician los procesos electorales, los órganos superiores de dirección del INE y de los OPLE modifican sus horarios de trabajo, ya que en esta materia todos los días y horas son hábiles. En otras palabras, las jornadas laborales se amplían y se implementan guardias para dar cumplimiento a los plazos legales.

Durante estos periodos, las sedes de las autoridades electorales se convierten prácticamente en una segunda casa, ya que el personal pasa más tiempo en ellas que en sus propios hogares. Esto se debe a que los plazos en materia electoral son estrictos y cada etapa del proceso debe desarrollarse con precisión, como si se tratara de un mecanismo perfectamente coordinado.

Cada etapa del proceso electoral se fortalece mediante el principio de definitividad, que otorga firmeza a los actos realizados y evita que sean revisados posteriormente, brindando certeza jurídica. No obstante, dichos actos pueden ser impugnados a través de la cadena correspondiente ante las autoridades jurisdiccionales, como los tribunales electorales locales, las salas regionales y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En tiempos electorales, las autoridades administrativas enfrentan una verdadera carrera contra el tiempo, tomando decisiones que impactan directamente en la organización de las elecciones. Además, la mayoría de los OPLE —31 de ellos— operan con órganos desconcentrados temporales, siendo la Ciudad de México la única entidad con una estructura permanente.

Esta situación implica la realización constante de procesos de selección y designación de personal, así como su capacitación intensiva. Entre las personas que participan en estos procesos se encuentran consejerías electorales distritales o municipales, vocalías, auxiliares, personas supervisoras, capacitadoras asistentes electorales, personal del programa de resultados preliminares, entre otros.

Como puede observarse, la organización de un proceso electoral implica la participación de un número considerable de personas, cuyo desempeño depende en gran medida de su capacitación. Este reto se vuelve aún mayor cuando se trata de estructuras temporales.

Un ejemplo claro fue el proceso electoral extraordinario judicial de 2025, que implicó un gran desafío al realizarse en menos tiempo, con menor presupuesto y con recursos humanos limitados.

Actualmente, las autoridades administrativas electorales organizan elecciones de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Además, pueden llevar a cabo mecanismos como la revocación de mandato, como ocurrió en Oaxaca, así como consultas dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad para el diseño de acciones afirmativas.

Estas consultas requieren una planeación logística y operativa compleja, basada en lineamientos y protocolos que generalmente son aprobados por los consejos generales. Actualmente, por ejemplo, en Tabasco se realizan consultas con miras a las elecciones de 2027.

Fuera de los procesos electorales, los OPLE desarrollan actividades relacionadas con la igualdad de género, la no discriminación y la erradicación de la violencia política contra las mujeres. Estas acciones incluyen conferencias, talleres, foros y capacitaciones dirigidas tanto a partidos políticos como a la ciudadanía.

Asimismo, se realizan actividades de educación cívica, como el apoyo a instituciones educativas para la organización de elecciones estudiantiles, proporcionando materiales como urnas, mamparas y sistemas de votación electrónica, además de asesoría especializada.

También se organizan eventos como el Congreso de niñas y niños, en coordinación con el Congreso del Estado, la Secretaría de Educación y el INE, con el objetivo de fomentar la participación cívica desde la infancia y promover valores democráticos.

Como puede observarse, la labor de las personas funcionarias electorales es amplia y compleja, y tiene como objetivo principal fortalecer la democracia. Pensar que las autoridades electorales únicamente organizan elecciones es subestimar su verdadero impacto en la sociedad.

La democracia no se limita al acto de votar; implica formar ciudadanía activa, capaz de participar en distintos espacios públicos, ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Por ello, es fundamental reconocer y valorar el trabajo de las autoridades electorales y su contribución a la estabilidad democrática y la paz social del país.