Impuestos en Tabasco: Entre desconfianza y baja recaudación. Pero 150 municipios están demostrando otra ruta.

La conversación que se abrió tras la primera entrega de esta serie dejó algo claro: el problema del predial no es solo contable, es emocional. Muchos lectores expresaron desconfianza hacia el destino de los recursos públicos; otros señalaron que conocen personas con capacidad económica que nunca pagan sin enfrentar consecuencias. También hubo quienes afirmaron que, mientras algunos cumplen puntualmente, el sistema parece tolerar el incumplimiento de otros.

Detrás de todas esas posturas hay un punto en común: la sensación de que el sistema no es equitativo ni eficiente.

Pero más allá de la percepción, los datos oficiales permiten dimensionar el fenómeno con mayor claridad.

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), el 90% de la recaudación del impuesto predial en México se concentra en apenas 150 municipios de los 2,456 que existen en el país . Es decir, aproximadamente el 6% de los municipios concentra casi toda la recaudación predial nacional. Al mismo tiempo, 522 municipios prácticamente no cobran predial y alrededor de 45 millones de personas en México no pagan este gravamen.

La magnitud de la brecha es evidente. No se trata de una excepción regional ni de un caso aislado; es una estructura profundamente desigual en la forma en que se recauda.

Si además se considera que en México la recaudación predial representa apenas el 0.2% del PIB, frente al 1.7% en América Latina y el 3.2% en Estados Unidos, queda claro que el país en su conjunto tiene un amplio margen de mejora. El problema no es la existencia del impuesto, sino la forma en que se administra y ejecuta.

En ese contexto, Tabasco aparece entre las entidades con menor recaudación municipal per cápita del país, con menos de 350 pesos anuales por habitante. Mientras tanto, municipios como Monterrey reportan que aproximadamente el 60% de sus ingresos propios provienen del impuesto predial, apoyados en esquemas de digitalización y sistemas de pago que facilitan el cumplimiento, como la Tesorería Virtual implementada en Nuevo León.

El IMCO ha documentado que, en promedio, el 73% de los recursos municipales en México proviene de transferencias estatales o federales. Sin embargo, existen municipios que han logrado reducir esa dependencia fortaleciendo su recaudación local mediante procesos más estructurados y profesionalizados.

La diferencia, entonces, no radica exclusivamente en la capacidad económica de la población. También intervienen factores de gestión.

El CEFP ha señalado que estados con menor recaudación suelen tener economías concentradas en sectores con menor formalidad y menor base contributiva. El INEGI ha documentado históricamente una limitada presencia de contribuyentes formales en ciertos sectores económicos en Tabasco. Pero el componente económico no explica por completo la brecha.

El INDETEC ha advertido que la escasa profesionalización del personal municipal y la limitada infraestructura tecnológica constituyen barreras relevantes para mejorar la recaudación. En otras palabras, la eficiencia no depende únicamente de la voluntad del contribuyente, sino también de la capacidad institucional para actualizar padrones, dar seguimiento administrativo y aplicar procedimientos claros.

Ahí es donde algunos municipios han tomado decisiones distintas.

Monterrey ha impulsado procesos de modernización catastral y regularización de adeudos que han fortalecido su base recaudatoria. Zapopan ha implementado un modelo de presupuesto participativo en el que el 15% de lo recaudado por predial se destina a obras votadas por los propios contribuyentes, fortaleciendo la relación entre pago y resultado visible. Cuernavaca ha aplicado esquemas estratégicos de descuentos y facilidades de pago que han incrementado la recaudación en los primeros meses del año.

En todos esos casos no se observa una medida aislada, sino una combinación de actualización técnica, estrategia administrativa y comunicación pública. No basta con ofrecer descuentos o lanzar campañas promocionales si no existe una estructura integral que dé seguimiento, actualice el catastro y vincule el pago con resultados visibles.

El fondo del debate no es si los ciudadanos deben o no pagar. Tampoco es una discusión abstracta sobre moralidad fiscal. Es un problema de confianza y de eficacia institucional. Cuando los contribuyentes perciben que el sistema no es equitativo o que el destino del dinero no es claro, la cultura de cumplimiento se debilita. Pero cuando existen mecanismos de participación, transparencia y resultados visibles, la disposición a pagar tiende a fortalecerse.

La evidencia demuestra que sí existen rutas distintas. Si apenas el 6% de los municipios concentra el 90% de la recaudación predial del país, el desafío no parece ser la inexistencia del impuesto, sino la necesidad de modernizar su gestión y fortalecer la relación entre contribución y resultado.

La pregunta que queda sobre la mesa no es si el problema existe —porque los datos lo confirman—, sino si estamos dispuestos a discutir cómo construir en Tabasco un modelo de recaudación más profesional, más transparente y más equitativo, que amplíe la base de cumplimiento sin cargar el peso únicamente en los mismos de siempre.