EL MITO DEL PRESUPUESTO DE LOS ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES

Un tema que fue central en la motivación del proyecto de reforma electoral fue el presupuesto de las autoridades administrativas electorales, considerado por algunos como demasiado alto. En esta ocasión analizaremos, de forma objetiva y con datos duros, si esta aseveración es cierta o no.

Para ello, de manera simple y lógica, revisaremos los presupuestos de algunos organismos públicos locales electorales. Estos varían de acuerdo con las necesidades de cada entidad federativa; no es lo mismo organizar una elección en Baja California Sur que realizar una elección en el Estado de México, o hacerlo en Oaxaca, donde una parte importante de su población es indígena.

Existen diversos factores que influyen en la cuestión presupuestal de los organismos públicos locales electorales. Entre ellos podemos mencionar la geografía demográfica y electoral, el tamaño del listado nominal, la normativa electoral local, su estructura desconcentrada —ya sea permanente o temporal— y su organización política, que define qué cargos se eligen en cada proceso electoral. Desde mi perspectiva, estos son los factores que más influyen en el impacto presupuestal.

Conforme ha evolucionado y se ha actualizado la forma de organizar las elecciones en México, también se han incrementado sus costos. Esto se explica, en gran medida, por el elemento que históricamente ha marcado la organización electoral en el país: la desconfianza. Los cimientos sobre los que se ha construido nuestra democracia muestran que, en distintos momentos, los partidos políticos han buscado ser favorecidos en las elecciones. Desafortunadamente, en diversas ocasiones se han utilizado prácticas irregulares para evadir lo que establece la ley. Por ello, el derecho electoral es una de las ramas jurídicas más cambiantes: constantemente debe revisarse y actualizarse cuando la realidad rebasa la normativa.

Un ejemplo claro de esta dinámica ha sido el desarrollo de la paridad de género y el combate a la violencia política contra las mujeres. En los últimos años se han realizado reformas desde la Constitución que han permeado a todo el sistema normativo del país.

La actualización constante de las normas genera impactos presupuestales, ya que implica cambios en documentación electoral, personal, capacitación, logística y operación institucional.

Para entrar de lleno en el análisis, planteemos la siguiente pregunta: ¿cuánto representaron presupuestalmente los 32 organismos públicos locales electorales respecto del presupuesto federal de 2025? A estos organismos se les asignaron $13,682,430,307.07, lo que representa apenas el 0.147 % del presupuesto federal total, que fue de 9.3 billones de pesos. Cabe mencionar que 19 entidades federativas tuvieron proceso electoral judicial extraordinario local.

Un elemento importante en la conformación de los presupuestos de los organismos públicos locales electorales es que incluyen las prerrogativas de los partidos políticos para sus actividades ordinarias. Este componente representa una parte considerable del total y, en la práctica, infla el presupuesto de los institutos electorales locales, aunque en realidad se trata de recursos destinados a los partidos políticos. Si esta partida no se integrara al presupuesto total de los organismos electorales, el monto destinado a las autoridades administrativas sería considerablemente menor.

Recordemos que el financiamiento público a los partidos políticos ha sido considerado un mal necesario dentro del sistema político-electoral mexicano. No obstante, uno de los objetivos del proyecto de reforma era precisamente reducir estas asignaciones.

Al revisar los presupuestos de los institutos electorales locales encontramos que el organismo con mayor presupuesto en 2025 es el de la Ciudad de México, con $2,153,026,964.25. Esta institución es la única que cuenta con órganos desconcentrados permanentes y, además, tiene un listado nominal de 7,853,545 personas. Del total de su presupuesto, los partidos políticos recibieron aproximadamente 563.5 millones de pesos de financiamiento público.

El presupuesto total aprobado para la Ciudad de México fue de $291,525,557,665. En este contexto, el presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México representa apenas el 0.74 % del total. Si se descontaran las prerrogativas de los partidos políticos, este porcentaje se reduciría aún más.

Otro organismo con un presupuesto relevante es el del Estado de México, que cuenta con el listado nominal más grande del país: aproximadamente 12,979,000 personas. Su presupuesto en 2025 fue de $1,700,512,864, lo que representa el 0.44 % del presupuesto total del estado, que ascendió a $388,550,619,260. En esta entidad los partidos políticos recibieron cerca de $984 millones de pesos en financiamiento público, lo que representa casi la mitad del presupuesto del instituto electoral local.

El Instituto Electoral de Veracruz también cuenta con un presupuesto considerable. Tiene un listado nominal de 5,957,545 personas y en 2025 recibió un presupuesto de $1,250,397,920, lo que representa el 0.71 % del presupuesto total del estado, que fue de $175,245,285,470. De ese monto, $264,369,206 correspondieron a financiamiento público para los partidos políticos.

Estas tres entidades —Ciudad de México, Estado de México y Veracruz— cuentan con los listados nominales más grandes del país. En el caso del Estado de México, este factor explica en gran medida el tamaño de su presupuesto. Asimismo, la permanencia de órganos desconcentrados en la Ciudad de México genera mayores costos operativos, lo que explica que su presupuesto sea más elevado.

No obstante, también debe reconocerse que la existencia de órganos desconcentrados permanentes permite profesionalizar al personal electoral, fortalecer la experiencia institucional y mejorar la calidad en la organización de los procesos electorales.

Es importante señalar que prácticamente todos los organismos públicos locales electorales del país —con excepción de la Ciudad de México— cuentan únicamente con órganos desconcentrados temporales. Esto significa que en cada proceso electoral se deben realizar procesos de selección y capacitación en periodos muy breves, lo que incrementa la complejidad organizativa.

Además, algunas entidades federativas establecen elecciones en distintos años para diversos cargos públicos, lo que vuelve aún más compleja la organización electoral y puede incrementar los costos operativos.

Ahora bien, también existen organismos electorales con presupuestos considerablemente menores. Entre ellos se encuentra Sinaloa, cuyo instituto electoral tuvo un presupuesto de $102,650,923 en 2025, lo que representa el 0.15 % del presupuesto estatal total, que fue de $70,004,102,181. El listado nominal de esta entidad es de aproximadamente 2,342,477 personas.

Otro caso es el de Colima, al cual se le asignó un presupuesto de $107,430,304, equivalente al 0.47 % del presupuesto estatal total de $23,004,130,279. En esta entidad el financiamiento público para partidos políticos fue de $45,131,638.83. Colima cuenta con el listado nominal más pequeño del país, con aproximadamente 586,652 personas.

Finalmente, el organismo electoral de Zacatecas recibió en 2025 un presupuesto de $125,941,193, lo que representa el 0.31 % del presupuesto estatal total de $40,122,468,266. El financiamiento público para partidos políticos fue de $101,126,415. El listado nominal de esta entidad es de aproximadamente 1,266,930 personas.

Después de analizar estos casos, podemos observar que el gasto que representan los organismos públicos locales electorales dentro de los presupuestos estatales es inferior al 1 %. Solo la Ciudad de México alcanza aproximadamente el 0.75 %, lo que demuestra que estos presupuestos no comprometen significativamente las finanzas de las entidades.

Todo esto conduce a una reflexión: el tema presupuestal no debería ser la principal motivación de una reforma electoral. Sin duda pueden realizarse ajustes que permitan mayor eficiencia en el uso de recursos, siempre que existan cambios normativos adecuados.

La forma de votar también debe evolucionar. Es posible avanzar hacia modelos mixtos y progresivos que incorporen voto electrónico, voto por internet o mecanismos híbridos, sin abandonar por completo las boletas de papel. Es decir, se puede hacer más eficiente el gasto público sin comprometer la calidad de la organización electoral.

El objetivo debe ser claro: hacer más con menos, pero sin sacrificar calidad, certeza ni confianza en los resultados electorales.

Finalmente, también es importante advertir que los recortes presupuestales deben analizarse con cuidado. En algunos casos, como ocurrió con los ajustes realizados en 2026, reducciones abruptas pueden poner en riesgo la adecuada organización de los procesos electorales.

Aún se está a tiempo de que los gobiernos locales otorguen ampliaciones presupuestales que permitan garantizar la correcta preparación de la elección de 2027, cuyo proceso iniciará oficialmente en octubre de este mismo año.