EL CAMINO HACIA LA IGUALDAD DE LAS MUJERES EN MÉXICO

Para la conmemoración del pasado 8 de marzo, valdría la pena analizar y reflexionar sobre el camino que han tenido que recorrer las mujeres para el reconocimiento de sus derechos en México. Podemos iniciar citando fechas importantes que fueron pasos sólidos para ir ganando terreno a favor de los derechos y de la igualdad genuina ante la ley de las mujeres.

En 1917 se discutió por primera ocasión el artículo 34, que hablaba sobre la ciudadanía, y 168 constituyentes votaron para que siguiera excluyendo a las mujeres. En ese mismo año, Hermila Galindo fue postulada al Congreso de la Unión por el quinto distrito de la Ciudad de México y, aunque no ganó, dejó un gran precedente en la lucha por el reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres.

Fue hasta el año 1922 cuando se tuvo la primera regidora del país en el estado de Mérida, a través de Rosa Torre González. Posteriormente, en 1923, vinieron Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Dzib Cicerón, quienes fueron las primeras mexicanas elegidas como diputadas al Congreso del Estado de Yucatán.

En el caso de Chiapas, durante el gobierno de César Córdova Herrera, se impulsó en 1925 un decreto para reconocer a las mujeres mayores de edad los mismos derechos políticos que los hombres: votar y ser votadas para cargos de elección popular. En el caso del estado vecino de Tabasco, en ese mismo año, el gobernador Tomás Garrido Canabal otorgó el derecho de votar y ser votadas en las elecciones municipales el 14 de marzo.

Cabe mencionar que dicho decreto tenía restricciones; por ejemplo, la mujer no podía ocupar el cargo de presidenta municipal y existía un máximo de una tercera parte de mujeres. Posteriormente, cuando entraron otros gobernantes y distintos legisladores, se volvieron a restringir los derechos de participación política de las mujeres.Corría el año de 1935 cuando se llevó a cabo una asamblea en el Teatro Hidalgo para constituir el Frente Único Pro-Derechos de la Mujer, el cual tuvo entre sus principales demandas el derecho al voto femenino y la posibilidad de ocupar cargos de elección popular.

En ese mismo año, Aurora Mesa Andraca obtuvo por primera vez la presidencia de un Concejo Municipal en Chilpancingo, Guerrero.Algo muy penoso ocurrió en 1937, cuando Refugio García Martínez ganó una diputación federal por el distrito de Uruapan y el colegio electoral no reconoció su triunfo bajo el argumento de que constitucionalmente aún no se reconocía a las mujeres como ciudadanas con derechos políticos plenos para participar en elecciones federales. En consecuencia, se le negó la constancia definitiva de diputada. Esto ocurrió durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien posteriormente envió la iniciativa de reforma del artículo 34, la cual fue aprobada en diferentes entidades, pero no se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

Un hecho relevante ocurrió en 1952 con el gran mitin realizado en el Parque 18 de Marzo por más de 20 mil mujeres, organizado por la Asamblea Nacional Femenil en el marco de la campaña presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, con el firme objetivo de exigir el derecho de las mujeres a votar y ser votadas a nivel federal.

Posteriormente, el 17 de octubre de 1953 se publicó la reforma que reconocía la ciudadanía plena de las mujeres mexicanas y su derecho a votar y ser votadas a nivel federal. En 1954 llegó la primera mujer a la Cámara de Diputados: la maestra Aurora Jiménez, en la XLII Legislatura por Baja California.Hasta aquí pareciera que las mujeres podrían participar de manera igualitaria en las elecciones tanto para votar como para contender como candidatas.

Sin embargo, sabemos que no ha sido así, en gran medida por la resistencia histórica de compartir el poder entre hombres y mujeres.Desde que las mujeres comenzaron a competir en las elecciones mediante las primeras cuotas de género del 30 %, que posteriormente aumentaron al 40 % hasta alcanzar finalmente el 50 %, y más tarde el reconocimiento de la paridad total, la resistencia a estos avances se transformó en violencia política de género.

Esta se ha convertido en una de las principales herramientas utilizadas para obstaculizar la participación política de las mujeres y evitar que ejerzan plenamente sus derechos.Existen momentos clave en la historia democrática del país que vale la pena recordar. Uno de ellos fue el caso de “las Juanitas”, donde las autoridades jurisdiccionales electorales establecieron un precedente importante para erradicar la simulación de candidaturas que buscaban evadir el cumplimiento de las cuotas de género.

Este episodio se originó cuando Rafael Acosta “Juanito” renunció a su cargo como jefe delegacional de Iztapalapa en 2009 para dejar su lugar a Clara Brugada. Posteriormente, este fenómeno se replicó en el Congreso federal, donde 12 diputadas renunciaron para dar paso a sus suplentes hombres. Este hecho representó un fraude a las cuotas de género establecidas, ya que las candidaturas podían registrarse con suplentes de distinto género. Posteriormente, la ley se reformó obligando a que la fórmula de candidaturas fuera del mismo género.Diez años después ocurrió otro episodio lamentable con el objetivo de evadir el cumplimiento de la paridad.

En el estado de Chiapas, 43 diputadas y regidoras de distintos municipios, así como varias legisladoras plurinominales, fueron presionadas para renunciar y dejar su lugar a hombres. A este caso se le conoció como “las Manuelitas”, en alusión a Manuel Velasco Coello, quien era senador con licencia del estado en ese momento.Para evitar este tipo de fraude a la paridad, el INE ejerció su facultad de atracción y estableció un acuerdo mediante el cual se determinó que, si una mujer renunciaba a un cargo asignado para cumplir la paridad, no podía ser sustituida por un hombre.

La sustitución debía realizarse en primer término dentro del mismo partido político; si este ya no contaba con mujeres disponibles, la asignación se realizaría al siguiente partido conforme al orden de asignación electoral correspondiente.Desde mi punto de vista, este acuerdo fue trascendental, ya que estableció un precedente claro sobre cómo la autoridad electoral puede implementar medidas para evitar que los partidos políticos evadan sus obligaciones en materia de paridad.

En paralelo a esta lucha por la igualdad sustantiva, también se ha tenido que fortalecer el marco legal para combatir la violencia política de género. A medida que aumenta la participación de las mujeres en la vida política, también se ha incrementado la violencia dirigida a impedir su acceso a los cargos públicos.Otro avance importante fue el acuerdo INE/CG569/2023 sobre paridad en las gubernaturas, el cual fue ratificado mediante la sentencia SUP-RAP-327/2023 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En dicho criterio se estableció que los partidos políticos nacionales debían postular al menos cinco candidatas a las ocho gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El Procedimiento Especial Sancionador se ha convertido en una vía rápida y eficaz para atender denuncias de candidatas que han sido víctimas de violencia política de género. Mediante sanciones, medidas cautelares y la inscripción en el Catálogo de personas y sujetos sancionados, se ha avanzado en el combate a estas prácticas que afectan gravemente la democracia.A pesar de estos avances, la violencia política de género sigue siendo uno de los principales obstáculos para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos políticos.

Uno de los espacios donde esta violencia ha encontrado un terreno fértil es el internet. En redes sociales, personas que se escudan en el anonimato ejercen violencia política de género con facilidad. La creación de cuentas falsas y la falta de mecanismos eficaces de control han permitido la proliferación de este tipo de agresiones.A ello se suma la aparición de la inteligencia artificial, que ha encendido nuevas alertas en los procesos electorales. Esta herramienta tecnológica puede ser mal utilizada si no se establecen reglas claras para su uso en las campañas políticas. Hoy en día es cada vez más fácil generar imágenes o videos falsos que pueden afectar la reputación de candidatas y candidatos.

Es claro que la arena democrática para las mujeres aún no es plenamente igualitaria. En muchos casos enfrentan desventajas presupuestales, violencia política y resistencias dentro de sus propios partidos.Imaginemos lo que significa ser candidata indígena en entidades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Hidalgo, donde todavía persisten contextos profundamente machistas.

Estas realidades muestran que el camino hacia la igualdad sustantiva sigue siendo complejo.

A pesar de ello, el país ha avanzado. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para construir una sociedad más justa e igualitaria, donde las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y participar en la vida política sin violencia.