Reforma cívica propone audiencias públicas y atención psicosocial

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Cultura Cívica para atender conflictos cotidianos antes de que escalen a situaciones de violencia. La propuesta incorpora mediación, reparación del daño, atención psicosocial y espacios comunitarios denominados Calpullis de Paz.

Durante una conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el 19 de octubre, explicó que el proyecto fue trabajado durante más de un año en el Gabinete de Construcción de Paz y busca atender las causas de las infracciones, fomentar la responsabilidad y evitar la reincidencia.

“Queremos pasar de una justicia que castiga después, a una justicia que previene antes”, señaló Brugada Molina.

La iniciativa reúne 10 ejes estratégicos, entre ellos mecanismos alternativos para determinadas conductas de baja gravedad, juicios orales con audiencias públicas y la incorporación de agentes psicosociales restaurativos.

Entre los casos que podrían atenderse por la vía cívica figuran ciertos daños a bienes muebles e inmuebles cuyo valor no exceda las 50 UMA, equivalentes a alrededor de 5 mil 800 pesos. También contempla determinados supuestos de sustracción de bienes por debajo de ese monto y de violencia verbal familiar, bajo condiciones estrictas y siempre que no exista violencia física, agravantes o circunstancias de gravedad.

Brugada aclaró que la propuesta no modifica el Código Penal ni elimina la posibilidad de acudir al Ministerio Público. Las personas agraviadas podrán optar por la vía penal o la cívica, según corresponda, para buscar la devolución de bienes, la reparación del daño y medidas que eviten la repetición de las conductas. Se contemplan sanciones como arresto o trabajo en favor de la comunidad.

Las audiencias públicas permitirían a las partes presentar sus argumentos ante un juez, con el propósito de agilizar las resoluciones y fortalecer la transparencia e imparcialidad.

Por su parte, los agentes psicosociales restaurativos evaluarían los factores emocionales y sociales relacionados con las infracciones. Según las necesidades identificadas, podrían canalizar a las personas a atención psicológica, tratamiento de adicciones, programas educativos, capacitación u opciones de empleo.

Los Calpullis de Paz, cuyo nombre formal será Centros de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios, podrán instalarse en Utopías, PILARES y otros espacios públicos. Ofrecerán mediación, conciliación y justicia restaurativa para resolver diferencias vecinales sin que necesariamente lleguen a procedimientos judiciales.

El modelo también incluye jornadas itinerantes de justicia cívica, medidas comunitarias y programas de prevención de violencia y adicciones, además de acciones para facilitar oportunidades educativas y laborales.

La atención se organizará mediante tres vías: detección anticipada de riesgos; reportes ciudadanos recibidos por el 911, el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), asambleas vecinales y otros mecanismos de proximidad; e intervención policial ante presuntas infracciones.

Las estrategias La Policía Cerca de Ti y Código 1 contribuirán a identificar y atender oportunamente los conflictos, con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.

Finalmente, Brugada anunció que a partir de 2027 se destinarán recursos para mejorar los juzgados cívicos, fortalecer su operación e incorporar personal especializado. Entre las necesidades identificadas mencionó los servicios médicos legistas.