Gobierno va contra el “mercado negro del agua”

El gobierno federal presentó los alcances de la nueva Ley de Aguas, la cual —asegura— busca transformar el modelo de gestión del recurso hídrico en México, garantizando un acceso más equitativo y combatiendo prácticas como el acaparamiento, la especulación y el uso ilegal.

Durante la exposición, el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, afirmó que la reforma elimina la transferencia de concesiones entre particulares, mecanismo que, según explicó, dio origen a un “mercado negro del agua”.

“Se trata de un profundo cambio que corta de tajo este régimen de privilegios y da paso a un sistema que privilegia el derecho humano al agua”, sostuvo Morales López.

Fin a la especulación y uso indebido

El funcionario detalló que, bajo el esquema anterior, concesiones originalmente destinadas al uso agrícola eran transferidas a sectores industriales, inmobiliarios o de servicios, generando ganancias millonarias.

Como ejemplo, mencionó un caso en Zacatecas donde siete concesiones se convirtieron en 50, lo que derivó en ingresos de hasta 54 millones de pesos para un particular.

También se identificaron irregularidades en acuíferos sobreexplotados, como el de Laguna de Hormigas, en Chihuahua, donde se detectaron concesiones sin infraestructura real, presuntamente utilizadas con fines de reventa.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que estas prácticas afectaban directamente a quienes realmente necesitaban el recurso.

“Si este acuífero permitía la explotación de 100 metros cúbicos y ya estaba concesionado a alguien que nunca lo usó, otra persona que realmente lo necesitaba ya no podía obtenerlo”, detalló.

Casos detectados y sanciones

Autoridades federales expusieron diversos casos de abuso. Entre ellos, señalaron a la familia del diputado Mario Calzada en Querétaro, que contaba con concesiones agrícolas —exentas de pago— pero que presuntamente eran utilizadas para abastecer desarrollos inmobiliarios y comercializar agua en pipas.

“Mientras la gente a un lado no tiene agua, se utilizaban concesiones agrícolas para lucrar”, acusó la primeara mandataria.

Asimismo, se documentaron perforaciones ilegales de pozos en Nayarit, donde el agua se vendía hasta en 5,000 pesos por pipa, y tomas clandestinas en infraestructura hidráulica en Los Cabos, Baja California Sur.

Con la nueva legislación, estas prácticas podrán ser sancionadas con multas de hasta 3.5 millones de pesos y penas de hasta cinco años de prisión.

Empresas bajo revisión

El titular de Conagua también informó sobre irregularidades en diversas empresas, incluidas refresqueras y embotelladoras, por acaparamiento, sobreexplotación y falta de pago.

En uno de los casos se detectaron adeudos por 234 millones de pesos, mientras que en otros se identificaron incumplimientos en medidores, descargas sin autorización y pagos incompletos.

Además, se estimó un adeudo presuntivo cercano a los 12 billones de pesos, por lo que se hizo un llamado a las empresas a regularizar su situación para evitar sanciones o la cancelación de concesiones.

Mayor control y recaudación

De acuerdo con datos oficiales, la implementación de la nueva ley permitió incrementar la recaudación en aproximadamente 3,000 millones de pesos durante 2025, con una proyección adicional de 6,300 millones en 2026.

Asimismo, se han realizado más de 7,000 inspecciones, de las cuales más de 1,000 derivaron en clausuras por uso ilegal del agua.