Tras paro nacional, acuerdan modificar evaluación de trabajadores del PJF

La SCJN, el OAJ y los sindicatos pactaron eliminar referencias a sanciones y separación del cargo. Los órganos jurisdiccionales trabajarán con normalidad el lunes 9 de noviembre.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ) acordaron este sábado con los sindicatos del Poder Judicial de la Federación (PJF) modificar el esquema de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, después del paro nacional convocado en rechazo a sus disposiciones.
El compromiso contempla eliminar cualquier referencia que permita interpretar que la evaluación tendrá consecuencias sancionatorias o podrá derivar en la separación del cargo. Tras el acuerdo, los órganos jurisdiccionales del PJF laborarán con normalidad el lunes 9 de noviembre.
La reunión se realizó en la sede del Máximo Tribunal con los comités ejecutivos nacionales de los sindicatos. Los trabajadores habían suspendido actividades ante el temor de que el nuevo procedimiento abriera la puerta a despidos masivos.
Las reformas se aplicarán al Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, publicado el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación. El documento establecerá que la evaluación busca fortalecer la eficiencia, la eficacia y la calidad de la impartición de justicia.
También se eliminarán las evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares y se ajustarán los porcentajes asignados a aspectos que involucren factores de subjetividad.
En su versión original, el acuerdo contemplaba evaluar a secretarios proyectistas de juzgados y tribunales, asistentes, actuarios y oficiales judiciales los días 4, 8, 14 y 15 de diciembre.
Las calificaciones irían de cero a 100 puntos, con categorías de sobresaliente, satisfactorio, regular, suficiente e insuficiente. Los resultados servirían para tomar decisiones sobre reconocimiento, permanencia y, en su caso, separación de la carrera judicial.
El procedimiento buscaba valorar cualitativa y cuantitativamente el cumplimiento de las funciones del personal. El comunicado sobre la reunión no precisó si las fechas previstas serán modificadas.
Antes del acuerdo con los sindicatos, el OAJ había rechazado que los exámenes pudieran ocasionar despidos o pérdida de plazas. Aseguró que no implicarían aprobación o reprobación ni consecuencias individuales sobre la permanencia del personal.
Asimismo, recordó que la evaluación del desempeño es una obligación legal y expresó respeto por la libertad sindical y el derecho a manifestar inconformidades.
Los trabajadores sostuvieron que el esquema amenazaba sus derechos. Patricia Aguayo, vocera de los empleados en la Ciudad de México, cuestionó la participación de jueces y magistrados en el proceso.
"Jueces y magistrados que entraron a la institución a través de una tómbola, que no han sido evaluados y que una parte de la evaluación para nosotros la van a hacer ellos. ¿Y a ellos quién los va a evaluar?".
La suspensión de labores provocó retrasos en trámites, audiencias y resolución de asuntos en distintas entidades.
En Pachuca, Hidalgo, alrededor de 400 personas mantenían un bloqueo en la sede judicial y marcharon por la avenida Colosio. En Guerrero, los manifestantes cerraron el Bulevar de las Naciones e instalaron carpas para impedir la circulación.
En Toluca, Estado de México, empleados realizaron un mitin frente a las instalaciones del Poder Judicial. Antes de alcanzarse el acuerdo, los trabajadores habían advertido que ampliarían los bloqueos si no recibían una respuesta favorable.





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