SCJN respalda bloqueo de cuentas por sospecha de lavado

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, al declarar constitucional una disposición clave de la Ley de Instituciones de Crédito.

Con una votación de seis votos a favor y tres en contra, el pleno del máximo tribunal resolvió la acción de inconstitucionalidad 58/2022, promovida por 49 senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes impugnaron la reforma publicada el 11 de marzo de 2022 en el Diario Oficial de la Federación.

El fallo, derivado de la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, valida el artículo 116 Bis 2, el cual regula el procedimiento para incluir a personas en la lista de bloqueados del sistema financiero.

Dicha disposición permite que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, actúe cuando existan elementos que vinculen a un individuo con delitos financieros. En el texto se establece que la autoridad "en ejercicio de sus atribuciones, podrá introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados y que por lo tanto actualiza alguno de los parámetros".

La resolución también contempla que las personas incluidas en esta lista puedan defenderse mediante un procedimiento ante la propia UIF. En ese sentido, se precisa que: "Las personas que hayan sido incluidas en la lista de personas bloqueadas a la que hace referencia el artículo 115 de esta Ley podrán hacer valer sus derechos a través del procedimiento de inclusión de las personas bloqueadas, ante la Unidad de Inteligencia Financiera…".

Con esta decisión, la SCJN desestimó los argumentos de la oposición legislativa, que señalaban posibles violaciones a derechos fundamentales, y confirmó la legalidad del mecanismo como parte de las herramientas del Estado para combatir delitos como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.