SCJN avala límite a rentas en CDMX en medio del debate por gentrificación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló por unanimidad el tope impuesto por el Congreso de la Ciudad de México al incremento anual de la renta de vivienda para uso habitacional, estableciendo que éste no podrá ser superior a la inflación registrada el año previo.

La resolución se dio al analizar el amparo en revisión 546/2025, cuya ponencia estuvo a cargo del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, derivado del recurso promovido por Urbanhub México SPV5.

Derecho al lucro, pero con límites

Durante la discusión, ministras y ministros subrayaron que la decisión no desconoce el derecho al lucro derivado del arrendamiento de inmuebles. Sin embargo, señalaron que dicho beneficio debe ser “razonable y compatible” con el derecho a la vivienda, especialmente para quienes no tienen acceso a una propiedad en un contexto de gentrificación en la Ciudad de México.

La empresa promovente impugnó la reforma de agosto de 2024 al segundo párrafo del artículo 2448 D1 y la adición de un tercer y cuarto párrafos al artículo 2448 F2 del Código Civil para el Distrito Federal, vigente en la capital. También cuestionó modificaciones a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, particularmente el límite al aumento anual de la renta y la obligación de registrar los contratos de arrendamiento en una plataforma digital administrada por el gobierno capitalino.

Registro digital divide opiniones

Respecto al registro obligatorio de contratos, el Pleno mostró posturas divididas.

Un bloque integrado por Arístides Guerrero, Irving Espinosa, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Estela Ríos propuso invalidar esta obligación, contemplada en el artículo 2448 F2 y en la Ley de Vivienda, al considerar que exige datos detallados de personas e inmuebles.

Argumentaron que el registro podría vulnerar la protección de datos personales y llamaron a aplicar el principio de “privacidad desde el diseño”, el cual limita la entrega de información a la estrictamente necesaria para fines estadísticos.

Durante el debate se mencionaron riesgos de hackeos y el ministro Irving Espinosa advirtió que “desafortunadamente” existe tráfico ilegal de bases de datos personales, particularmente aquellas en posesión de instituciones públicas, lo que podría dejar vulnerables tanto a arrendadores como a arrendatarios frente a la delincuencia.

En contraste, otro bloque encabezado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, junto con Lenia Batres y Sara Irene Herrerías, sostuvo que los datos personales están protegidos y que el registro constituye un requisito “impresionantemente tenue”. Afirmaron que no pretende estar “encima de los propietarios” mediante sanciones, sino generar información estadística para la elaboración de políticas públicas.

Asimismo, plantearon que invalidar en su totalidad el artículo 2448 F2 implicaría desnaturalizar la reforma.

Tema pendiente

Finalmente, la discusión sobre el registro digital fue pospuesta para votarse en una próxima sesión. Por ahora, el único punto aprobado formalmente fue el tope al incremento en el alquiler de vivienda en la capital del país.