Multan a Google con 462 millones de dólares por uso de geolocalización

Google fue sancionado con 403 millones de euros, equivalentes a 462 millones de dólares, por infringir las normas europeas relacionadas con el tratamiento de los datos de ubicación de sus usuarios.

La multa fue anunciada este lunes por la Comisión Irlandesa para la Protección de Datos (DPC), organismo responsable de supervisar las operaciones europeas de Google debido a que la sede continental de la compañía se encuentra en Dublín.

De acuerdo con el regulador, las irregularidades ocurrieron entre mayo de 2018 y febrero de 2020. La investigación comenzó en este último mes y concluyó que la empresa vulneró el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.

La DPC determinó que Google infringió el RGPD "en lo que respecta a la legalidad y la equidad del tratamiento de los datos de ubicación en la actividad web y de las aplicaciones, así como en el historial de ubicaciones".

Graham Doyle, subcomisionado del organismo, señaló que "como consecuencia de los fallos de Google... es posible que algunas personas desconocieran que su ubicación se estaba utilizando, por ejemplo, para influir en ellas con anuncios o para inferir sus intereses".

El funcionario agregó que "la retención de los datos de ubicación de los usuarios durante más tiempo del necesario agravó esta pérdida de control".

Además de imponer la cuarta sanción económica más elevada en la historia de la DPC, el organismo informó que había "ordenado a Google que adaptara sus procesos a la normativa en un plazo de seis meses".

Google respondió que "el caso gira en torno a políticas históricas que posteriormente se actualizaron".

"A partir de 2019, hemos evolucionado significativamente nuestras prácticas y lanzado herramientas robustas que simplifican la gestión de los datos de ubicación", añadió la

empresa en un comunicado.

Doyle recordó que el RGPD ofrece un alto nivel de protección para los datos personales dentro del Espacio Económico Europeo y obliga a las empresas a procesarlos de forma lícita, justa y transparente.