“Ley Antimemes” pasa al Senado; oposición advierte censura

Con 310 votos a favor y 97 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que incorpora un esquema de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de internet.

El proyecto, conocido como “Ley Antimemes”, fue respaldado por la mayoría de Morena y sus aliados y enviado al Senado para su análisis. La oposición advirtió sobre posibles riesgos de censura.

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobada sin modificaciones. Contempla reformar el artículo 114 Octies y adicionar los artículos 114 Nonies y 232 Septies para regular la responsabilidad de los proveedores frente a infracciones de derechos de autor en el entorno digital.

El dictamen busca incentivar el cumplimiento del régimen de limitación de responsabilidad, conocido como “puerto seguro”, mediante obligaciones compartidas para proteger los derechos de autor y combatir la piratería.

Entre las condiciones previstas para que los proveedores de acceso a internet queden exentos de responsabilidad por infracciones de sus usuarios, se establece que “cuenten con una política que prevea la terminación de la provisión del servicio a infractores reincidentes, la cual deberá ser del conocimiento público de sus usuarios”.

Esta disposición contempla la cancelación del servicio a clientes que reincidan en violaciones de derechos de autor en internet.

La propuesta también abarca datos, información, materiales y contenidos transmitidos o almacenados en sistemas y redes controlados u operados por los proveedores, o en su representación.

El proyecto contempla multas de entre 5,000 y 40,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para los proveedores que incumplan los requisitos del régimen de “puerto seguro”.

Asimismo, prevé responsabilidad por infracciones de los usuarios que causen daños y perjuicios a los titulares de derechos de autor cuando el proveedor contribuya, induzca o cause la conducta infractora y tenga conocimiento de ella.

Otro supuesto se configura cuando el proveedor tenga capacidad para controlar la conducta del usuario infractor y obtenga un beneficio financiero directamente atribuible a esa actividad.

La reforma continuará su trámite legislativo en el Senado, donde deberá ser analizada.