Jubilados de Pemex rechazan reforma a pensiones doradas

Jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) manifestaron su preocupación ante la reforma contra las llamadas pensiones doradas y pidieron a los legisladores actuar con “sensibilidad” y “responsabilidad histórica” durante la discusión de las leyes secundarias.

A través de un posicionamiento dirigido a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, las Asociaciones de Jubiladas y Jubilados de confianza de Pemex advirtieron que los cambios propuestos podrían vulnerar derechos adquiridos, generar incertidumbre jurídica y abrir la puerta a la retroactividad de la ley.

En su pronunciamiento, subrayaron que “cualquier transformación debe ampliar derechos, no generar precedentes que los debiliten”.

Los jubilados señalaron que modificar condiciones de retiro ya otorgadas implicaría afectar “derechos consolidados”, lo que contravendría el principio de no retroactividad. Además, alertaron que las reglas bajo las cuales los trabajadores construyeron su proyecto de vida “no pueden cambiar de manera unilateral una vez concluida su vida laboral”.

También advirtieron que permitir ajustes discrecionales en beneficios previamente establecidos “rompe el principio de legalidad” y deja a las personas en situación de vulnerabilidad frente al Estado.

“Hoy somos nosotros, mañana podría ser cualquier otro sector”, señalaron.

En otro punto, acusaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de difundir el pasado 13 de marzo información “falsa” sobre supuestas “pensiones exorbitantes”, incluyendo datos de personas jubiladas, lo que —aseguran— generó desinformación y vulneró la protección de datos personales.

El posicionamiento surge luego de que el Congreso de la Unión aprobó una reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum al artículo 127 constitucional, que establece que las pensiones del personal de confianza en entidades públicas no podrán exceder la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal.

La propuesta contempla su aplicación a organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas con participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos, con algunas excepciones como las Fuerzas Armadas, aportaciones voluntarias y pensiones no contributivas.

Uno de los puntos más controvertidos es el régimen transitorio, que plantea que las pensiones ya otorgadas —y que no estén excluidas— se ajusten al nuevo límite, lo que ha generado críticas por su posible efecto retroactivo.

Actualmente, la reforma continúa en proceso de aprobación en los congresos estatales, ya que, al tratarse de un cambio constitucional, requiere el aval de al menos la mitad más uno de las legislaturas locales para su promulgación y posterior entrada en vigor.