INE solo fungiría como enlace en revisión de candidaturas: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que el Instituto Nacional Electoral (INE) no será la autoridad encargada de decidir sobre posibles “narcocandidatos”, luego de la discusión generada por la propuesta para revisar antecedentes de aspirantes a cargos públicos.

Durante la Mañanera del Pueblo de este 26 de mayo de 2026, la mandataria explicó que la iniciativa busca establecer un mecanismo de consulta entre partidos políticos y dependencias de inteligencia financiera, procuración de justicia e investigación.

“Lo que se propone es que se ordene y el partido político decida si quiere poner a consulta de las instituciones pertinentes si tienen algún antecedente que pueda poner o que vincule a esta persona con algún grupo delictivo”.

Sheinbaum señaló que hubo una interpretación incorrecta sobre el alcance de la propuesta y consideró que la presidenta consejera del INE, Guadalupe Taddei Zavala, entendió de manera distinta el planteamiento del Ejecutivo.

La presidenta detalló que la idea es que una comisión integrada por consejeros electorales funcione únicamente como enlace institucional entre los partidos políticos y autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).

El procedimiento permitiría a los partidos consultar si existen antecedentes relacionados con delitos como lavado de dinero, corrupción o posibles vínculos con organizaciones criminales antes de registrar candidaturas.

La mandataria insistió en que el INE no tendría facultades para resolver o determinar la participación de una persona en una elección, sino únicamente para facilitar la comunicación institucional entre las partes involucradas.

Asimismo, explicó que si la UIF detecta posibles irregularidades o elementos sospechosos, correspondería a esa dependencia presentar las denuncias pertinentes ante la FGR para que continúe el proceso legal correspondiente.

La propuesta surge en medio del debate nacional sobre mecanismos para evitar que personas vinculadas con actividades ilícitas lleguen a cargos públicos mediante procesos electorales.