Gobierno informa sanciones a 4,193 servidores públicos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, durante los primeros dos años de la actual administración federal, sus acciones preventivas han generado ahorros por cerca de 84,000 millones de pesos. También reportó sanciones a 4,193 servidores públicos por diversas irregularidades.

En la conferencia matutina, la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, explicó que la estrategia busca detectar problemas antes de que se concrete un uso indebido de recursos públicos, principalmente mediante la revisión de compras, contratos de obra y estructuras administrativas.

Del total reportado, 42,000 millones de pesos provienen del seguimiento de contratos de obra pública, incluida la revisión de costos unitarios y posibles sobrecostos. Otros 29,000 millones corresponden a estrategias de compras públicas; 7,800 millones, a la reorganización de estructuras gubernamentales, y 4,800 millones, al seguimiento de sanciones a funcionarios y proveedores.

Buenrostro puso como ejemplo una compra de equipamiento médico del IMSS. Según explicó, la intervención de la Secretaría amplió la competencia entre proveedores y permitió adquirir equipos de tecnología avanzada a un costo 46% menor.

La funcionaria también destacó cambios en las reglas de adquisiciones para facilitar la participación de pequeñas empresas, productores y cooperativas. Actualmente, indicó, 10 cooperativas cafetaleras de Chiapas, Puebla y Oaxaca venden al gobierno mediante un esquema en el que participan 66 instituciones y alrededor de 5,000 familias productoras. Mencionó además a cinco cooperativas de limpieza integradas por más de 600 personas y procesos de compra para pequeñas y medianas empresas textiles.

En cuanto a las sanciones a servidores públicos, la dependencia precisó que 3,528 corresponden a faltas no graves y 665 a faltas graves. Entre las conductas detectadas mencionó pagos indebidos, adquisición de bienes o servicios no entregados, compras innecesarias, sustracción de información, ocultamiento de bienes, falsificación de documentos y casos de hostigamiento o acoso sexual.

Por separado, la Secretaría envió 1,737 expedientes relacionados con faltas graves al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De ellos, 87 ya fueron notificados y sancionados, mientras que 1,650 siguen en proceso, de acuerdo con Buenrostro.

La dependencia informó además de sanciones a 286 personas morales, principalmente por documentación falsa en licitaciones, incumplimiento de contratos, simulación de experiencia técnica y ocultamiento de conflictos de interés. Las sanciones impuestas en estos casos suman 1,473 millones de pesos.

En el ámbito penal, la Secretaría presentó 517 denuncias contra servidores públicos; 53 han derivado en vinculaciones a proceso. Entre los posibles delitos identificados figuran enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, fraude, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la estrategia preventiva y explicó que, cuando se detectan irregularidades durante una licitación, la Secretaría puede detener el procedimiento, revisar lo ocurrido y establecer medidas cautelares mientras se determina la responsabilidad de los involucrados.

Buenrostro adelantó que su dependencia trabaja con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Auditoría Superior de la Federación en propuestas de reforma para fortalecer la prevención de la corrupción y mejorar la gestión pública.