Cuestionan cesión de terreno estatal para planta de gas en Guaymas

El gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo, otorgó a Amigo LNG S.A. de C.V. el uso de un terreno de 54 hectáreas en Guaymas mediante un contrato firmado el 30 de septiembre de 2022. El predio se encuentra a un costado del Golfo de California y está destinado a un proyecto de licuefacción de gas natural.

De acuerdo con una investigación de N+ FOCUS, que tuvo acceso al documento, el contrato presenta contradicciones sobre las condiciones económicas del acuerdo. Aunque sus disposiciones generales establecen un uso oneroso, que implicaría una contraprestación para el estado, la cláusula I señala que el gobierno “otorga de manera gratuita el uso, goce y disfrute del inmueble”.

El proyecto se encuentra frenado mediante amparos relacionados con presuntas irregularidades ambientales y en los procedimientos de consulta pública, según el reporte.

Condiciones del contrato y acceso a la información

El acuerdo fue celebrado a través de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones. El documento menciona un entendimiento entre la empresa, representada por el empresario Muthu Chezhian, y el gobierno estatal, por conducto de Marco Gallardo Galaz, entonces coordinador ejecutivo del organismo encargado de los bienes estatales.

El contrato fue notariado por René Luna Sugich, presidente del Colegio de Notarios de Sonora, cuyo sello aparece en el documento.

La organización Defensa Ambiental del Noroeste (DAN) solicitó el contrato mediante mecanismos de transparencia. Según las solicitudes citadas en la investigación, inicialmente fue declarado inexistente y posteriormente reservado por el gobierno estatal.

DAN, junto con otras organizaciones y comunidades, ha emprendido acciones jurídicas para proteger el Golfo de California y los derechos humanos de los habitantes de Guaymas.

La investigación también cuestiona la compatibilidad del contrato con el artículo 43, fracción V, de la Ley de Bienes y Concesiones de Sonora. La disposición citada contempla el arrendamiento, donación o comodato para asociaciones, sociedades o instituciones privadas “que no persigan fines de lucro”. En contraste, los planes publicados por Amigo LNG identifican a la empresa como una entidad con fines de lucro.

Inversión anunciada y riesgos señalados

En junio, Durazo informó que Amigo LNG invertiría entre 35,000 y 40,000 millones de pesos en el puerto de Guaymas.

El proyecto contempla generar 280 empleos en una población de aproximadamente 150,000 habitantes, donde la pesca y el turismo son actividades relevantes. El reporte advierte sobre posibles afectaciones a estas actividades y riesgos de accidentes asociados al procesamiento de hidrocarburos.

La instalación, propiedad de las empresas extranjeras LNG Alliance y Epsilon LNG, incluye infraestructura terrestre y una planta flotante en el Golfo de California. Su ubicación prevista está cerca del cinturón de islas, una zona de alta biodiversidad y de rutas migratorias de ballenas, aves y otros mamíferos marinos.

Además, se localizaría cerca de otra terminal similar, Saguaro Energy, en Puerto Libertad, a unas cuatro horas por carretera. Según los organismos internacionales referidos en la investigación, la construcción de ambos proyectos produciría un impacto ambiental considerable.

El reporte atribuye a Amigo LNG una emisión estimada de 1.9 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. También sostiene que el proyecto comprometería los acuerdos climáticos de México y retrasaría 40 años la transición a energías limpias y las metas nacionales de descarbonización.

Autorización ambiental y participación ciudadana bajo cuestionamiento

Los procesos legales también cuestionan la autorización de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Según la investigación, el organismo aprobó el proyecto sin evaluar la contaminación que podría generar la construcción y operación de la terminal.

Durante 2025, la empresa realizó trámites ante el Departamento de Energía de Estados Unidos y autoridades mexicanas sin contar todavía con la autorización de impacto ambiental. Esta fue otorgada por la ASEA en abril de 2026, aunque, de acuerdo con el reporte, fue omitida en los procesos de consulta pública.

La investigación señala que documentos del proyecto han sido entregados con información testada, reservados o declarados inexistentes, pese a involucrar un predio estatal y posibles impactos sociales y ambientales.

Ante esas restricciones, las demandas de amparo promovidas por organizaciones como DAN han servido para exigir mayor transparencia sobre el proyecto y las decisiones de las autoridades.