Congreso de NL avala juicio político contra Samuel García

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio del procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, quien es señalado por presuntos actos de corrupción y una supuesta triangulación de recursos públicos por cerca de mil millones de pesos hacia empresas presuntamente vinculadas con el mandatario estatal.

Durante la sesión de la comisión, la propuesta fue avalada con seis votos a favor, emitidos por legisladores del PRI, PAN y una diputada de Morena, mientras que Movimiento Ciudadano votó en contra.

Con esta decisión, el procedimiento avanzará a una nueva etapa en la que Samuel García contará con un plazo de 15 días hábiles para presentar su declaración, ya sea de manera presencial, por escrito o mediante representación legal. La fecha límite establecida para ello es el próximo 23 de junio.

La solicitud de juicio político fue presentada el pasado 8 de junio por la dirigente estatal de Morena, Anabel del Roble Alcocer, junto con representantes y aspirantes a la gubernatura de Nuevo León de ese partido. La petición se sustenta en presuntas evidencias periodísticas relacionadas con el manejo de recursos públicos.

De acuerdo con el procedimiento previsto por la legislación local, la Comisión Anticorrupción contempla remitir el caso al Pleno del Congreso durante el mes de agosto para determinar si procede formalmente el juicio político. Para ello, se requerirá el respaldo de al menos 28 de los 42 diputados que integran la Legislatura estatal.

En caso de alcanzar la votación necesaria, el asunto sería turnado al Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León para la evaluación correspondiente.

Esta representa la cuarta ocasión en que el Congreso local impulsa una solicitud de juicio político contra Samuel García.

La primera ocurrió en 2022, cuando el gobernador no presentó en tiempo y forma el Paquete Fiscal 2023. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determinó que el procedimiento era válido, aunque aclaró que el Congreso estatal carece de facultades para destituir al titular del Ejecutivo. No obstante, ordenó la presentación del Presupuesto.

La segunda solicitud fue promovida en 2023 por la negativa del mandatario a publicar decretos, reformas e iniciativas aprobadas por el Congreso. El conflicto también fue analizado por la SCJN, que declaró inválida la publicación de los decretos legislativos 340, 341 y 342 realizada por el propio Congreso en su Gaceta, al considerar que invadía facultades exclusivas del Poder Ejecutivo estatal.

La tercera petición se registró en 2024 tras las elecciones municipales de Monterrey. En aquella ocasión se acusó al gobernador de presunta intervención e inequidad en el proceso electoral mediante el uso indebido de recursos públicos y la promoción de figuras vinculadas a Movimiento Ciudadano, entre ellas Mariana Rodríguez, Luis Donaldo Colosio Riojas, Martha Herrera y Jorge Álvarez Máynez.