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Conagua responde a críticas por la Ley General de Aguas

  • Redacción
  • hace 1 día
  • 2 Min. de lectura

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El Gobierno Federal ofreció este 4 de diciembre de 2025 precisiones sobre la reforma a la Ley de Aguas, recientemente aprobada en lo general por la Cámara de Diputados, luego del descontento manifestado por productores agrícolas en distintas regiones del país.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, explicó los alcances de la Ley General de Aguas y desmintió versiones que han circulado en redes sociales.


El funcionario subrayó que es falso que no se pueda heredar un terreno con un título de concesión, así como otros señalamientos sobre la supuesta prohibición en la venta de predios con derechos de agua o la captación pluvial.

“Mentiras que se señalan es que en el caso de que yo quiera vender una propiedad que la Conagua ya no va a permitirme venderla con el título de concesión, es falso...Conagua va a regular agua de lluvia, prohibir ollas de captación. Proponemos no solo no reglamentar sino incentivamos los sistemas de captación como alternativa en regiones donde no hay acceso a agua superficial.”

Aval en Diputados se dio en medio de protestas

La reforma fue aprobada en lo general con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones, en un contexto de protestas y caravanas de agricultores. El pasado 3 de diciembre, productores partieron desde distintas carreteras rumbo a la Ciudad de México como parte de su manifestación contra la iniciativa.


¿Qué contempla la reforma a la Ley de Aguas?

La propuesta del Gobierno Federal busca reemplazar el marco legal vigente desde 1992, establecido durante el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari, cuando se promulgó la actual Ley de Aguas Nacionales.


A diferencia de esa legislación, la nueva normativa se sustenta en el artículo 4 constitucional, el cual reconoce el acceso al agua como un derecho humano.

Entre los principales cambios se establece que:

  • El Estado será el único responsable de administrar el recurso hídrico, para garantizar una distribución equitativa.

  • Se modifica el régimen de concesiones, eliminando los mecanismos de mercantilización del agua.

  • Las concesiones no podrán venderse ni transferirse para usos distintos a los autorizados.

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