Avanza reforma contra ‘pensiones doradas’ en San Lázaro

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, por unanimidad de 458 votos, la reforma al artículo 127 constitucional que busca eliminar las llamadas “pensiones doradas” de ex servidores públicos. La medida establece que las jubilaciones del personal de confianza no podrán superar el 50 por ciento de la remuneración de la Presidenta de la República, lo que equivale a un máximo de 67 mil 145 pesos netos mensuales proyectados para 2026.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo federal, contempla una excepción para el personal de las fuerzas armadas, quienes no estarán sujetos a estos ajustes.

El dictamen generó críticas por parte de la oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano—, cuyos legisladores advirtieron que la reforma podría aplicarse de manera retroactiva, afectando a miles de jubilados de organismos públicos como Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro, Nacional Financiera y Banobras.

Durante el debate, la diputada del PAN, Margarita Zavala, expresó su rechazo a los excesos, pero también a las posibles afectaciones a trabajadores que se retiraron bajo condiciones previamente establecidas:

“Estoy y estamos en contra de lo que llaman ‘pensiones doradas’, nadie está a favor de ellas. Estamos en contra de estos abusos que no reflejan ni remotamente lo trabajado, pero también es cierto que miles y miles de pensionados que sí trabajaron y sirvieron al Estado mexicano se jubilaron con la certeza jurídica y humana que serían respetados”.

Asimismo, presentó una moción suspensiva al advertir que la reforma vulnera el principio de no retroactividad y deja fuera a ciertos ex servidores públicos, como el ministro en retiro Arturo Zaldívar.

Desde Morena, el diputado Manuel Vázquez defendió la iniciativa al señalar que busca corregir privilegios derivados de prácticas discrecionales:

“No es contra el universo completo de trabajadores y trabajadoras pensionadas de nuestro país contra quienes va esta modificación al artículo 127. Va contra las pensiones doradas, contra una cúpula, una burbuja de trabajadores y trabajadoras que, aunque estaban en las reglas, aunque estaban en las leyes, no por ser legal fue moral lo que hicieron”.

Por su parte, el legislador priista Alejandro Domínguez respaldó el combate a los abusos, pero calificó la reforma como una “bomba ilegal”, al considerar que viola la seguridad jurídica y podría derivar en litigios masivos.

En la misma línea, la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu, coincidió en eliminar privilegios, pero cuestionó el impacto legal de la medida:

“No somos ingenuos, entendemos que este tema de la retroactividad es el corazón de la iniciativa presidencial, que las finanzas públicas enfrentan una situación crítica y que cada peso suma, pero al obligar que las otorgadas conforme a leyes vigentes se ajusten retroactivamente a un nuevo límite, están dinamitando una vez más la certidumbre jurídica y despreciando el compromiso del Estado mexicano con personas que estuvieron a su servicio durante décadas”.

Protestas en San Lázaro

En paralelo a la discusión legislativa, cerca de 200 ex trabajadores electricistas se manifestaron en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Los inconformes protestaron con cacerolas y denunciaron posibles violaciones a sus derechos laborales y humanos.

Algunos manifestantes derribaron parte de las vallas de seguridad e intentaron ingresar al recinto, aunque fueron contenidos por personal de resguardo. Jubilados de la CFE y de Luz y Fuerza del Centro advirtieron que sus pensiones podrían reducirse hasta en 50 por ciento.

Uno de los pensionados cuestionó la exclusión de ciertos sectores y señaló:

“¿Por qué no incluyeron a los generales?, ¿por qué no incluyeron a los ministros de la Corte? ¿Esta ley sabe quién la hizo? Arturo Zaldívar y él sí tiene una pensión de cerca de 500 mil pesos. Es violatoria de derechos humanos, es violatoria de tratados internacionales, es atentatoria de la Constitución. La presidenta había dicho que no iba a ser retroactiva y luego de repente ya llega retroactiva por los malos consejos de Zaldívar”.

Datos del dictamen

El documento aprobado expone cifras sobre los sistemas de pensiones en diversas entidades públicas. Por ejemplo, la extinta Luz y Fuerza del Centro cuenta con 14 mil 73 jubilados, con un costo anual de 28 mil 074 millones de pesos.

“En términos reales, los jubilados de Luz y Fuerza del Centro reciben hasta 140 veces más que el promedio nacional”, detalla.

En el caso de Petróleos Mexicanos, se reportan 22 mil 316 jubilados del régimen de confianza, con un gasto anual de 24 mil 844 millones de pesos, lo que implica pensiones hasta 39 veces superiores al promedio nacional.

“Por citar otros ejemplos, Nacional Financiera cuenta con un padrón de mil 449 personas jubiladas pertenecientes al régimen de confianza, por los cuales se paga un monto anualizado de 643 millones de pesos, mientras que Banco Nacional de Obras y Servicios

Públicos cuenta con un padrón de mil 521 personas jubiladas pertenecientes al régimen de confianza, por los cuales se paga un monto anualizado de mil 029 millones de pesos".

“En contraste, según datos del IMSS, la pensión mínima garantizada es de un salario mínimo de la Ciudad de México”, puntualiza.