Sheinbaum envía iniciativa para homologar la investigación del feminicidio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío al Congreso de la Ley General para la Investigación del Feminicidio, una iniciativa que busca unificar la forma en que este delito es investigado en todo el país, establecer criterios obligatorios para las fiscalías y fortalecer el combate a la impunidad.

La propuesta será discutida durante el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre, y tiene como objetivo que todas las fiscalías estatales actúen bajo los mismos protocolos al investigar casos de feminicidio.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó el propósito de la iniciativa.

"para el periodo que inicia en septiembre, estamos presentando y enviando la iniciativa de ley que todos los estados deben seguir atendiendo que en todo el país se investigue de la misma manera el feminicidio y haya cero impunidad y todo el trabajo sea igual en todos las fiscalías".

Sheinbaum también subrayó la gravedad de este delito y señaló que aún existen casos en los que las muertes violentas de mujeres no son investigadas correctamente.

"el peor delito de violencia contra las mujeres, la peor forma de discriminación, de trato indigno hacia una mujer es la muerte, el feminicidio, que significa asesinar, quitarle la vida a una mujer por el solo hecho de ser mujer, es un delito de odio asociado a ser mujer".

Asimismo, advirtió que en algunas entidades los casos siguen siendo clasificados de forma incorrecta.

"en algunas fiscalías se sigue catalogando la muerte violenta de una mujer como suicidio o se tardan mucho en reconocer la participación de familiares".

Añadió que la nueva legislación pretende reducir esas prácticas.

"esta ley lo que hace es que en todas las fiscalías se trabaje igual, evitar al máximo que se trate como suicidio y evitar al máximo que si se conoce la presunción del posible culpable, que lamentablemente en la mayoría de los casos es un familiar directo, esta ley general garantiza que todo eso pueda disminuirse al máximo y tengamos cero impunidad frente a los feminicidios".

¿Qué contempla la iniciativa?

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la propuesta busca homologar el tipo penal de feminicidio en todo el país.

"Se homologa el tipo penal, comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razón de género, signos de violencia sexual, delito motivado por estereotipos o prejuicios, antecedentes de violencias contra la víctima".

Entre las principales medidas que contempla la iniciativa destacan:

• Penas de 50 a 70 años de prisión.

• 19 agravantes para aumentar la sanción, entre ellas cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, persona con discapacidad, periodista o defensora de derechos humanos, o cuando el responsable sea un servidor público.

• Pérdida de derechos sucesorios, tutela, guarda y custodia, así como de la patria potestad.

• Destitución e inhabilitación de servidores públicos responsables.

• El delito, la sanción y la reparación del daño no prescribirán.

• Se eliminan excusas absolutorias o atenuantes para este delito.

Respecto al proceso legislativo, Luisa María Alcalde señaló:

"no podemos establecer un plazo para la aprobación, pero esperemos una vez inicie el periodo de sesiones pueda aprobarse pronto".

Y agregó:

"puede aprobarse la discusión en comisiones, pero la dictaminación podría darse en septiembre, pues es una prioridad que comparte el Congreso de la Unión".

Fortalecimiento de fiscalías y atención a víctimas

La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, informó que la iniciativa también obliga a que la FGR y las fiscalías estatales cuenten con unidades especializadas para investigar feminicidios, así como con ministerios públicos y personal capacitado para brindar atención a las víctimas y garantizar la reparación integral del daño.

Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia, Ingrid Gómez Saracibar, explicó que la propuesta también establece que las entidades deberán garantizar el bienestar integral de las víctimas indirectas, especialmente hijas e hijos, además de promover el respeto a la dignidad de las víctimas por parte de personas, medios de comunicación y plataformas digitales.