Nueva ley de rentas en CDMX

La propuesta de la Ley de Rentas Justas y Asequibles en la Ciudad de México ha encendido alertas en el sector inmobiliario, donde especialistas advierten posibles efectos negativos en la inversión y en la construcción de vivienda.

El proyecto, impulsado por el gobierno capitalino, busca regular el mercado del alquiler con medidas como límites al aumento de rentas, mayor control en los contratos y nuevas disposiciones para el desarrollo habitacional. Sin embargo, expertos consideran que estas acciones podrían agravar el déficit de vivienda en la capital.

Carlos Valladares, integrante de la Asociación de Vivienda en Renta (AVER), señaló que los cambios legislativos no fomentan la creación de nuevos espacios habitacionales, uno de los factores clave en el encarecimiento de las rentas.

“Independientemente del Mundial del 2026, esta coyuntura de normativa con topes de renta, registros de contratos, dificultades administrativas y cambios cada vez más estrictos para el desarrollo inmobiliario, no incentiva la construcción habitacional, es un problema serio”, comentó en entrevista.

Propuesta del gobierno capitalino

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó recientemente una iniciativa de reforma constitucional que serviría como base para esta nueva legislación, la cual será enviada al Congreso local.

Entre los puntos principales se contempla reforzar los límites al incremento de rentas, crear mecanismos de mediación entre propietarios e inquilinos, garantizar el derecho al arraigo y permitir al gobierno adquirir y gestionar suelo para vivienda.

Durante la presentación, la mandataria rechazó que estas medidas afecten la propiedad privada:

“Decimos tajantemente que, tanto en esta propuesta de Reforma Constitucional, como en la próxima propuesta de Ley de Rentas Justas, de ninguna manera se afecta la propiedad privada…al contrario, la propuesta que vamos a presentar, tanto de Reforma Constitucional como de Ley de Rentas, le da certeza jurídica a la propiedad, a las rentas, por diversas razones”.

Déficit habitacional y presión en precios

De acuerdo con datos de la Asociación de Vivienda en Renta, en la capital existen apenas 10 mil viviendas bajo esquemas institucionales, frente a una demanda estimada de entre 800 mil y un millón de unidades.

Este rezago estructural, sumado a la falta de nuevos desarrollos, presiona al alza los precios del alquiler.

“Está en pañales esta industria en la ciudad. Se está buscando el corto plazo (con la nueva regulación), pero no el impacto en el largo plazo. Las políticas deberían incentivar la inversión en infraestructura y vivienda”, añadió Valladares.

Regulación y trámites complican el panorama

El endurecimiento de las reglas, junto con la carga administrativa, representa un obstáculo adicional para nuevos proyectos inmobiliarios. Obtener permisos en la ciudad puede tomar hasta cuatro años, sin contar el tiempo de construcción.

Además, la incertidumbre jurídica y los cambios en el sistema judicial dificultan la resolución de conflictos entre arrendadores e inquilinos, lo que desincentiva la inversión.

Este contexto también impacta el mercado actual, ya que algunos propietarios optan por esquemas informales o migran hacia rentas de corta estancia, donde encuentran mayor rentabilidad y menos regulación.

“Desafortunadamente para nosotros (la renta institucional) es lo contrario, no hay mucha ganancia y se ha vuelto un reto muy grande el seguir con nuevos proyectos”, concluyó Valladares.