💧 No, la nueva Ley de Aguas NO te va a quitar el agua.Pero la infodemia ya hizo su desastre.

Ayer se publicó la nueva Ley General de Aguas ¿Qué cambia realmente con las reformas? Aquí una explicación clara para sobrevivir a la infodemia

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó ayer, 10 de diciembre de 2025, el Decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. En cuanto apareció, comenzaron las protestas, los videos alarmistas y las discusiones sin fin. La infodemia entró en modo turbo, y de pronto pareciera que el país entero está hablando del agua… pero sin saber exactamente qué cambió.

Por eso vale la pena bajar el ruido y subir la claridad. Para esta explicación consultamos a Luis Antonio Vidal, especialista en Políticas Públicas, Contratación y con amplia experiencia en servicio público, quien ayudó a traducir esta reforma al lenguaje ciudadano.

Primero lo primero: ¿qué es una concesión de agua?

Antes de hablar de reformas, entendamos la base.

Una concesión es un permiso temporal que te da el Estado para usar cierta cantidad de agua. No es propiedad privada; es un préstamo regulado.

Imagina que el gobierno te presta un cajón de estacionamiento público. Te sirve, lo usas y lo necesitas, pero no es tuyo. Durante décadas, ese cajón se trató como si lo fuera: se vendía, se heredaba y se transfería sin mayor control. Así nació un mercado informal que terminó beneficiando a unos pocos y complicando la gestión del recurso.

Entonces, ¿qué cambió realmente?

La reforma aprobada y publicada en el DOF incorpora varios ajustes profundos. El más ruidoso es este:

1. Las concesiones ya no se pueden vender ni heredar automáticamente

Si vendes tu terreno, la concesión no se transfiere por default. El nuevo dueño deberá solicitar su permiso, y la autoridad decidirá si procede.

Es como si yo te prestara mi coche un fin de semana: que lo uses no significa que puedas regalárselo a tu nueva pareja. Así de simple. Antes, la transmisión de concesiones operaba con una libertad que nunca debió existir en un bien público.

Luis Antonio Vidal lo resume así:

“La reforma cierra un espacio legal que, durante treinta años, permitió prácticas especulativas. No se trata de castigar al agricultor que usa bien su volumen, sino de ordenar un sistema que se fue desviando de su objetivo.”

2. Nace un Registro Nacional del Agua con mayor control

Durante años, México operó con un registro fragmentado y desactualizado.

Ahora, el nuevo Registro Nacional del Agua busca ofrecer una fotografía real y actualizada de quién usa qué, cuánto y para qué.

La diferencia es como pasar de tener tus cuentas apuntadas en papelitos sueltos a administrarlas en un Excel que por fin tiene sentido.

3. Llega la “responsabilidad hídrica”

Aquí aparece un tecnicismo, pero lo traducimos:

Responsabilidad hídrica significa que, si recibes agua, la debes usar bien y conforme al permiso otorgado.

Antes, el sistema dejaba tantos huecos que muchos podían abusar sin consecuencias: pozos clandestinos, extracciones mayores a las autorizadas, usos distintos a los permitidos… y poca supervisión.

Por eso hacía falta este cambio: el agua ya no podía seguir operando bajo la lógica de “hago lo que quiero porque nadie revisa”.

Así que sí:

El agua ya no es ese ex tóxico al que maltratas porque siempre vuelve.

Ahora, si la usas mal, la autoridad puede retirarte el derecho.

Y honestamente, frente al agotamiento de acuíferos y el uso indiscriminado, era urgente.

4. Las sanciones se vuelven más estrictas

Perforar pozos sin permiso, usar más volumen del autorizado o contaminar ya no serán faltas menores. Las multas aumentan y la vigilancia también.

Antes, colarte a un concierto sin boleto podía quedar en un “pásale ya”. Ahora te sacan, te multan y te vetan del siguiente show. Así cambia el incentivo y, por ende, el comportamiento.

La pregunta que más se repite: ¿te van a quitar el agua?

La respuesta es contundente: no.

La reforma no dice que:

te quitarán tu agua doméstica,

te cobrarán por ducharte,

tu tierra perderá automáticamente su valor,

ni que el Estado se “apropia” de tu agua de forma distinta a como siempre ha sido.

Ese es el corazón de la infodemia.

Lo que sí hace la ley es evitar que un bien público se trate como si fuera intercambiable al gusto del mercado, donde unos pocos concentran lo que es de todos.

Entonces, ¿por qué hay protestas?

Porque, para miles de agricultores, una concesión no es solo un papel: es parte de su patrimonio, de su seguridad y de su vida productiva.

Una manera humana de entenderlo:

Es como si toda tu vida te hubieran permitido vender tu puesto en el tianguis, y de repente te avisaran que eso nunca debió ocurrir. El golpe no es jurídico; es emocional y económico.

En ese vacío, la desinformación hace su agosto.

¿Era necesaria la reforma?

La conversación puede ser técnica, pero un hecho es claro: el sistema anterior estaba fracturado.

Durante años:

se acapararon volúmenes completos,

hubo pozos ilegales operando sin sanción,

se vendieron concesiones como si fueran propiedad,

y varios acuíferos quedaron al borde del agotamiento.

Como señala Luis Antonio Vidal:

“Había que poner orden. Un sistema que permite el uso discrecional de un recurso tan limitado no es sostenible en ningún país del mundo.”

En resumen

La nueva Ley General de Aguas no es una expropiación disfrazada ni un castigo al agricultor. Es un intento —perfectible, sin duda— de reordenar la gestión de un recurso que ya no aguanta improvisaciones.

¿Faltan definiciones? Sí.

¿Debe vigilarse la implementación? Más que nunca.

Pero entender bien qué dice la ley y qué no dice es el primer paso para bajarle el volumen a la infodemia y subirle al debate informado.