EQUIDAD, PARTIDOS POLÍTICOS, ACCIONES AFIRMATIVAS INDIGENAS Y CANDATURAS INDEPENDIENTES
- Redacción
- hace 4 días
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En nuestro diverso, complejo y extenso sistema electoral mexicano existen diversas figuras políticas que convergen, conviven y compiten en la arena política de nuestro país bajo las distintas vías que se han creado para poder competir por los cargos públicos que se eligen por el voto ciudadano.
No es un secreto para las y los especialistas en la materia electoral que a cada paso que ha ido evolucionando nuestro sistema electoral, de la misma manera ha ido mutando a un sistema más complejo y difícil de abordar y analizar debido a la sobre reglamentación que se ha generado con el objeto de propiciar un escenario más equitativo en la contienda electoral, sin embargo aún hay un extenso campo de oportunidad de mejora en muchas áreas, en esta ocasión nos vamos enfocar en el grupo de la población indígena y los medios o vías que tienen para acceder a los cargos de elección popular.
De este análisis y posterior reflexión podremos tener una visión a grandes rasgos si realmente de forma efectiva se le ha dado cumplimiento a lo que mandata la Constitución con respecto a esta población en particular. Para ello abordaremos también la figura de las candidaturas independientes o candidatura sin partido por ser una figura en la que puede participar la población indígena pero que su participación podría ser una un escenario inequitativo para ellos.
Una de las mayores problemáticas que han enfrentado las autoridades electorales administrativas electorales en relación con la postulación de candidaturas indígenas a través de acciones afirmativas, es la simulación de estas por parte de los partidos políticos. En respuesta a esta estrategia de los partidos políticos para evadir en cumplimiento legítimo de postular candidaturas indígenas se han ido tejiendo lineamientos que contemplan todo un procedimiento complejo que se vuelve un filtro que busca ser eficaz para calificar la auto adscripción al grupo de la población indígena.
Este asunto se ha polarizado porque existen expertos y expertas en el tema indígena específicamente en el campo electoral y sobre todo algunas que son personas que pertenecen a los pueblos originarios que sostienen posturas distintas con respecto a este tema trascendental para dar el primer paso para acceder a cargos de elección popular con el noble objetivo de representar a toda su población que ha sido invisibilizada históricamente y que no se le han dado los espacios para poder escuchar sus voces y mucho menos para poder ocupar cargos donde puedan decidir por sus destinos y derechos.
Un tema que crucial que constantemente se aborda en cualquier foro indígena en temas electorales que se realice en el país es porque las únicas dos vías para acceder a cargos públicos, es por medio de los partidos políticos o por medio de las candidaturas independientes. Estas dos vías aun con las actuales acciones afirmativas de cierta forma han obligado a competir a candidaturas indígenas dentro de procesos electorales donde esta población compite sin que se cumpla el principio de equidad en la contienda. Lo mismo sucede para las candidaturas independientes que aun con toda la normativa reciente que se ha generado para que pueda existir un piso parejo, aún se genera un gran tramo de distancia para que las condiciones sean parejas o por lo menos equitativas.
Si una persona que pertenece a la población indígena quiere participar por medio de los partidos políticos, esta persona está sujeta a decisión de las autoridades partidistas competentes y con las facultades para designar a sus candidaturas, es decir, no existe un procedimiento interno dentro de los partidos por los cuales se elijan a están candidaturas de una forma objetiva, bajo un procedimiento claro y transparente, sino con el simple hecho de postular a una persona que cumpla con los requisitos que marque el lineamiento del Instituto Nacional Electoral (de aquí en adelante INE) o de los Organismos Públicos Locales Electorales (de aquí en adelante OPLE) con eso será suficiente para que la autoridad de por valido el registro de estas candidaturas que se registran por acciones afirmativas.
Esto es un poco controversial llevándolo a un ejemplo, que nos dará la posibilidad de ponernos situar en un escenario que podría presentarse en la realidad.
Vamos a suponer que una mujer indígena es postulada por el partido político X y después de la revisión de la autoridad administrativa electoral concluye que esta cumple y le da el registro para contender por una presidencia municipal donde se estableció que debe ser forzosamente una persona indígena la que se postule para ese municipio en la primera regiduría de la planilla. Posteriormente se generan diversas manifestaciones de la población indígena en el municipio y se presentan diversas impugnaciones con respecto al registro de la candidatura, entre las impugnaciones existe una mujer que por su propio derecho impugna que ella participo internamente para poder aspirar a la candidatura indígena y esta tiene un gran respaldo de la población del municipio que es el centro de la discusión del registro de la otra candidatura que registro el partido X.
La autoridad jurisdiccional electoral revisa el asunto y confirma que efectivamente cumple con los requisitos la candidatura primigeniamente postulada por el partido X. Se sigue la cadena impugnativa y de acuerdo con la lógica de lineamientos generados por la autoridad administrativa electoral, además de los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (de aquí en adelante TEPJF) se confirma el asunto dejando firme la candidatura. Se podrán imaginar lo que sintió la candidata que realmente tenía el apoyo de su población y sobre todo el sentimiento de impotencia que se generó dentro de la población al sentir que le estaban imponiendo a una candidatura. Cualquiera podrá decir, puede competir por medio de otros partidos políticos o de la candidatura independiente, pero no es así de fácil, sobre todo porque esto atiende a diversos contextos y escenarios, sobre todo a veces pesa más los ideales de cuando una persona quiere llegar al poder por medio de un partido político en especial y por el cual ha caminado por años y trabajado para poder tener una oportunidad.
Lo idóneo es que se establezcan reglas claras para la postulación de este tipo de candidaturas y no dejarlas al libre albedrio de los partidos políticos, y no es que nos estemos metiéndonos en terreno de su libertad de organización interna, sino así como en su momento se establecieron los temas de paridad, se debe ir construyendo normativa y lineamientos con relación a las accione afirmativas para evitar la simulación que solo lleva al fracaso de la efectividad de las mismas, porque las personas que llegan no realizan lo esperado: me refiero a representar efectivamente a su grupo o población, sino que tienen más compromiso con el partido político que lo postula que con los que realmente debería representar.
Una vía segura para la postulación de candidaturas de la población indígena es que ellas designaran a sus candidaturas y no los partidos políticos, también se podría implementar en los distritos electorales o municipios con alta población indígenas a candidaturas independientes indígenas. Con ello se dotaría de una certeza real de la postulación de candidaturas indígenas, que cabe señalar que la vía independiente con las actuales reglas aún sigue siendo complejas, sobre todo para una persona que no cuente con los recursos económicos suficientes para inyectar en su proceso de recabar apoyo ciudadano y para realizar campaña una vez obtiene su registro como candidatura independiente.
Es evidente que una candidatura independiente que compite con un partido político que cuenta con una gran estructura y presupuesto y que además tiene la posibilidad de coaligarse con otro partido político, pues simplemente es muy complicado poder competir en un piso parejo y sobre todo poder ganar ante las actuales reglas que limitan a las candidaturas independientes y que a contrario llevan una fuerte fiscalización. Ahora imagínense dentro de ese escenario a una candidatura indígena que participa por la vía independiente debido a que se les cerraron las puertas en los partidos políticos.
Es por esa razón que desde mi particular óptica se debe replantear la legislación electoral con el firme propósito de generar equidad en la contienda para las personas que participan y que pertenecen a grupos que han sido históricamente invisibilizados y no han tenido una participación y representación efectiva.
Es pertinente y relevante recordar el antecedente histórico sobre la aspirante a la candidatura independiente para competir por la Presidencia de la República María de Jesús Patricio Martínez (de aquí en adelante Marichuy), conocida como Marichuy quien participo en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. A ella se le aplico la norma a rajatabla por llamarlo de una forma coloquial, esto porque la ley establecía que la forma de recabar el apoyo ciudadano por parte de las y los aspirantes era a través de una aplicación móvil digital del INE, situación que provocó colocar a la candidata en un escenario de desventaja tecnológica con efectos discriminatorios por la sencilla razón que en los principales territorios donde ella recabaría el apoyo ciudadano no contaba con internet, luz eléctrica y acceso a teléfonos inteligentes de gama media-alta.
Motivo que la llevo a denunciar públicamente la falta equidad ante la obligatoriedad de utilizar la aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano que establecía el acuerdo INE/CG387/2027.
Posteriormente el INE tuvo una flexibilización parcial que consistió en la ampliación del régimen de excepción, esto fue el 5 de noviembre de 2017 donde por medio del acuerdo INE/CG454/2017 donde se amplió a 283 municipios donde existía amplia marginación para poder recabar firmas en papel. Pero aun la obligaba a recabar apoyo con la aplicación móvil en el resto del territorio nacional.
En ese mismo mes Marichuy presento la impugnación ante la Sala Superior del TEPJF donde se registró el asunto como SUP-JDC-1069/2017, donde ella señalaba motivos de racismo institucionalizado y tecnológico al no poder recabar apoyo en cédulas impresas en papel en todo el territorio nacional, posteriormente el asunto concluyo en confirmo n eforma definitiva el acuerdo impugnado del INE y negó la apertura general de las firmas en papel. Como dato accesorio la Sala solo vinculo al INE que si la aspirante Marichuy demostrara que alguna localidad en específico fuera de la lista de municipios resultará materialmente imposible usar la aplicación se atendiera cada solicitud de manera expedita.
Después de este ilustrativo ejemplo, podemos llegar a la reflexión que la población indígena aún está en una clara y plena desventaja para poder competir en un piso parejo y sobre todo en una contienda equitativa. Es importante que se legisle para que se destinen recursos para la capacitación, promoción y el desarrollo de liderazgos político de la población indígena y de los demás grupos en situación de vulnerabilidad, siguiendo así los pasos que llevo a que se volviera una realidad la paridad constitucional. Si es una realidad que se ha ido avanzando, pero los pasos han sido muy pequeños, aún la apariencia sigue siendo mayor a la eficacia de los cambios profundos que en realidad necesita la población indígena.
Es dable reconocer que la lucha de los pueblos indígenas se fueron reconociendo a través de las cuotas que se fueron ganando primero en el ámbito federal del INE y después de los OPLE, pero no ha sido suficiente ganar esos espacios para los cargos públicos porque desgraciadamente han aparecido figuras contrarias que correen a las acciones afirmativas como son las candidaturas que simulan ser parte de estos grupos o poblaciones para poder acceder a una candidatura y posteriormente a un cargo de elección popular.
Las autoridades electorales de los distintos ámbitos y sobre todo los poderes legislativos del ámbitos federales y locales deben seguir construyendo los canales y vías idóneas para que estas candidaturas indígenas y de otros grupos no sean secuestradas por personas que solo simulan y hacen un fraude a la ley electoral con tal de ocupar espacios que no les corresponden.
Tanto en el INE como los OPLE han hecho un gran esfuerzo para contrarrestar esta situación pero aún sigue siendo insuficiente, definitivamente la ley debería dar claridad sobre estos temas torales para ir fortaleciendo nuestra endeble democracia.





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